La jueza del Tribunal Federal canadiense, Ann Marie McDonald, exhortó al gobierno de Trudeau a modificar el acuerdo recíproco entre ambos países de 2004, que anula la posibilidad de pedir asilo político a quienes llegan al territorio desde Estados Unidos.

El Tribunal Federal de Canadá decidió este miércoles que el acuerdo que anula la posibilidad de pedir asilo político a quienes llegan al territorio desde Estados Unidos, por ser considerado un país seguro, es anticonstitucional, y exigió al Gobierno de Justin Trudeau cambiar el estatus de la nación vecina dentro de los próximos seis meses.

El acuerdo entre Estados Unidos y Canadá, recíproco y en vigor desde 2004, establece que ambas naciones deben ser considerados como países seguros y que cualquier persona que arribe a Estados Unidos desde Canadá o viceversa no puede solicitar asilo político ya que debería haberlo tramitado en el territorio vecino.

Estados Unidos también utiliza este sistema para frenar la llegada de demandantes de asilo centroamericanos. En los últimos años declaró como países seguros a sus aliados en esa región para obligar a los migrantes a tener que pedir refugio desde esos territorios y frenar la llegada diaria de miles de personas a su frontera.

Pero más allá de este uso de Estados Unidos, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) establece que si el territorio del que proviene el demandante de asilo es declarado no seguro, entonces estará en condiciones de pedir su refugio.

Para la Acnur, un país es seguro cuando se respeta la vida y libertad de las personas y donde no son perseguidas por motivos de raza, religión, opinión política, nacionalidad o por pertenecer a algún grupo social particular.

Utilizando esta definición, varias organizaciones civiles como Amnistía Internacional, el Consejo Canadiense de Refugiados y el Consejo Canadiense de Iglesias, denunciaron que el acuerdo bilateral con Estados Unidos se cumplía y pidieron a la Justicia anularlo.

Argumentaron que, en el marco de la actual política migratoria del Gobierno de Donald Trump, las personas rechazadas por Canadá deben regresar a Estados Unidos y pueden ser deportados a su país de origen o encarcelados como castigo por haber pedido ayuda al país vecino.

La jueza del Tribunal Federal, Ann Marie McDonald, aceptó estos argumentos y exhortó al Gobierno canadiense a modificar el acuerdo para considerar a Estados Unidos como un país no seguro.

«Han proporcionado suficiente evidencia de los riesgos y problemas que sufren los solicitantes de refugio que son devueltos a Estados Unidos a consecuencia del tratado”, replicó McDonald, según la agencia de noticias EFE.

Pese a que los abogados del Estado canadiense argumentaron que las detenciones efectuadas por Estados Unidos son justas y que la abolición del acuerdo supondrá el aumento de peticiones de refugio, la jueza dictaminó que viola las leyes locales sobre derechos y libertades.

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